El café mañanero de los viernes en Chiclayo siempre tiene un sabor más espeso cuando los pasillos de las instituciones crujen bajo el peso de decisiones insólitas. Mientras los despachos oficiales se esfuerzan por emitir notas de prensa con fotografías sonrientes y cortes de cinta, la realidad cotidiana de las calles, las actas de control y las quejas vecinales revelan una trastienda donde la burocracia se dispara en los pies.
A continuación, la mesa de redacción de EmprendedorCIX y R&C Editores entrega los 6 trascendidos de la Edición 23, rigurosamente contrastados con fuentes vecinales, técnicas, comerciales y de control fiscal:
Dicen que se dice que los vecinos de la Urbanización Federico Villarreal no salen de su asombro e indignación. Desde hace siete largos años, un cerco perimétrico provisional de madera y calaminas oxidadas —colocado para la inconclusa y paralizada obra del colegio I.E. Inmaculada Concepción— usurpa la vía pública, bloquea el libre tránsito peatonal, acumula toneladas de basura y sirve de guarida nocturna para delincuentes. Ante la inminencia del periodo de lluvias y el riesgo de que el cerco tape los drenes naturales de la urbanización, los vecinos y la propia comuna provincial acordaron su retiro inmediato. Sin embargo, en el momento de la ejecución, una insólita intervención de la Defensoría del Pueblo frenó las acciones argumentando la "custodia cautelar de los materiales de la contratista". Los vecinos indignados se preguntan a viva voz: ¿La Defensoría del Pueblo está para defender la seguridad y la salud de los ciudadanos o para cuidar las calaminas oxidadas de una empresa que abandonó la obra hace siete años?
Dicen que se dice que los aplausos y las flores de la inauguración de la Avenida Quiñones duraron menos que un suspiro. En la cuadra 4, exactamente frente al terminal de la empresa de transportes El Cumbe, la carpeta asfáltica recién colocada colapsó, fracturándose en escombros y cráteres abiertos. Los comerciantes y vecinos de la zona, encabezados por Don Nicolás La Torre, hicieron llegar a nuestra redacción fotografías demoledoras que demuestran el tránsito ininterrumpido y las maniobras de ómnibus interprovinciales de dos pisos que superan con creces el tonelaje para el cual fue diseñada esa vía urbana. La denuncia es doble: por un lado, una contratista municipal que habría colocado un asfalto con espesor de cáscara de huevo; y por el otro, la flagrante omisión de la Gerencia de Transportes de la MPCh que permite el embarque y desembarque de buses pesados en pleno corazón residencial y comercial. ¿Quién pagará la reparación de la pista recién entregada?
Dicen que se dice que el centro histórico y comercial de Chiclayo vive un drama sanitario que roza la burla. En las transitadas cuadras de las calles Arica, San José, Pedro Ruiz y Balta, las aguas servidas continúan brotando de buzones colapsados, formando lagunas pestilentes que obligan a los transeúntes a saltar entre piedras y ahuyentan a la clientela de zapaterías, ópticas y restaurantes, cuyas ventas han caído hasta en un 40%. Pero lo más indignante es el campeonato de lavado de manos institucional: la Municipalidad Provincial de Chiclayo emite comunicados señalando que la obra matriz es competencia del Ministerio de Vivienda; desde Vivienda replican que la operación y mantenimiento le corresponde exclusivamente a EPSEL; y los técnicos de EPSEL aseguran que la comuna entregó licencias de construcción comercial sin exigir estudios de factibilidad hidrosanitaria. Mientras las tres entidades juegan al ping-pong burocrático, el comercio formal se asfixia en pestilencia.
Dicen que se dice que un informe de control concurrente de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas en el despacho de alcaldía de Chiclayo. Los auditores determinaron que la Gerencia de Infraestructura y la Oficina de Planeamiento dejaron vencer los plazos de vigencia de cinco importantes proyectos de inversión pública valorizados en conjunto en más de S/ 19.5 millones de soles. Estas iniciativas, destinadas a la transitabilidad vial, defensas ribereñas y recuperación de áreas verdes en sectores vulnerables de Chiclayo, quedaron automáticamente desactivadas en el Banco de Inversiones del MEF porque los funcionarios municipales omitieron registrar las actualizaciones de costos en los plazos perentorios que exige la ley. La consecuencia es demoledora: el presupuesto no podrá ejecutarse este año y la comuna tendrá que desembolsar nuevamente dinero de todos los chiclayanos para contratar nuevos consultores que formulen los estudios desde cero.
Dicen que se dice que la reciente convocatoria bajo el régimen CAS de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que compromete una planilla superior a los S/ 4.5 millones de soles, está a punto de dinamitarse en el Ministerio Público. El Informe de Orientación de Oficio N° 059-2026 emitido por el Órgano de Control Institucional reveló que al menos ocho postulantes que resultaron ganadores con puntajes perfectos en gerencias operativas, fiscalización y áreas de tesorería no acreditaron el grado académico ni el título profesional universitario exigido en las bases del concurso. Más aún, algunos ganadores adjuntaron constancias de trabajo firmadas por empresas constructoras y comerciales que, según Sunat, figuran con baja definitiva o domicilio fiscal no habido. Regidores provinciales ya solicitaron formalmente la anulación del proceso por vicio insubsanable y han derivado la documentación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Dicen que se dice que mientras Chiclayo se ahoga entre toneladas de basura en puntos críticos de la Vía de Evitamiento, la Av. Chiclayo y el pueblo joven 9 de Octubre, en el taller de Maestranza Municipal se esconde un escándalo de proporciones mayores. Al menos seis camiones compactadores adquiridos con fondos públicos se encuentran arrinconados y cubiertos de polvo por desperfectos mecánicos menores: baterías agotadas, mangueras de presión hidráulica rotas y discos de embrague desgastados, cuyas cotizaciones no superan los S/ 3,500 soles por vehículo. Sin embargo, la administración municipal prefiere mantenerlos parados mientras firma órdenes de servicio mensuales por cientos de miles de soles para alquilar volquetes y camiones a empresas de transporte privadas. Los propios trabajadores del sindicato de limpieza pública han alzado su voz: «El negocio no es limpiar la ciudad; el negocio parece ser tener los carros municipales malogrados para justificar el pago de contratos millonarios a terceros».
Así cierra esta semana el radar de pasillo en Chiclayo: con instituciones que se enredan en sus propios cercos, pistas descartables que no aguantan ni quince días, desagües sin dueño y contrataciones bajo la lupa. En EmprendedorCIX, los hechos no se maquillan: se exponen con la verdad cruda de quien camina la calle todos los días.
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