La mesa del poder, la justicia y los despachos públicos amanece encendida en Chiclayo. Cuando los reflectores oficiales intentan pintar una ciudad en calma, las gavetas y los pasillos de las instituciones revelan un panorama de tensiones acumuladas, decisiones al límite y preguntas incómodas que nadie en el aparato público quiere responder frente a los micrófonos.
A continuación, la mesa de redacción de EmprendedorCIX y R&C Editores presenta los 6 trascendidos de la Edición 22, rigurosamente contrastados con fuentes gremiales, sanitarias, vecinales y de control gubernamental:
Dicen que se dice que en los pasillos de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) hay un nerviosismo inocultable tras una visita inopinada de inspectores. Mientras en postas médicas y centros de salud periféricos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Mochumí y Olmos los médicos no tienen ni gasas, sueros ni antibióticos pediátricos de primera línea, en los almacenes centrales habrían detectado lotes de fármacos e insumos especializados de alto costo acumulados y con fechas de caducidad peligrosamente cercanas. La falta de un sistema digitalizado de rotación y la lentitud administrativa para la distribución oportuna amenazan con generar un perjuicio económico incalculable y, lo que es peor, desatención a miles de pacientes humildes. En el sector médico se preguntan: ¿Quién asumirá la responsabilidad penal si esos lotes terminan dándose de baja como basura médica?
Dicen que se dice que el ansiado proyecto del Megapuerto de Puerto Eten —la gran promesa industrial del norte— ha desatado una verdadera cacería de tierras en las pampas litorales. Conocidos operadores y presuntas asociaciones campesinas creadas de la noche a la mañana han comenzado a cercar con hitos de yeso, palos y alambres extensos polígonos que corresponden a las áreas de reserva técnica delimitadas para la futura infraestructura portuaria y el parque industrial. La maniobra no es productiva, sino puramente especulativa: buscan armar posesiones ficticias para luego entablar demandas cautelares o exigir al Estado millonarias indemnizaciones por expropiación cuando el proyecto pase a licitación internacional. Los gremios empresariales ya alertaron a la Procuraduría Regional para que desaloje de inmediato antes de que el entrampamiento judicial ahuyente a los postores extranjeros.
Dicen que se dice que la paciencia de los colegios profesionales de Lambayeque llegó al límite con el promocionado Sistema de Drenaje Pluvial de Chiclayo. De acuerdo con fuentes técnicas de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entre estudios de preinversión, reformulaciones de perfiles, consultorías de diseño y supervisiones ya se han desembolsado más de S/ 40 millones de soles a consorcios y firmas consultoras. Sin embargo, en la práctica sobre el terreno, Chiclayo no tiene ni un solo colector maestro construido ni una zanja abierta. Con la temporada de lluvias de verano a la vuelta de la esquina y la memoria viva del colapso de pistas inundadas en José Leonardo Ortiz y el cercado, los vecinos se preguntan con amargura: ¿Hasta cuándo el drenaje chiclayano seguirá existiendo solo en diapositivas de PowerPoint y facturas de consultores?
Dicen que se dice que en varias urbanizaciones tradicionales y pueblos jóvenes de Chiclayo se está gestando una rebelión vecinal contra la empresa de saneamiento EPSEL. Cientos de usuarios a los que se les instaló los nuevos medidores volumétricos han denunciado que sus recibos mensuales saltaron inexplicablemente de S/ 45 a más de S/ 160 soles, a pesar de que el servicio de agua potable sigue restringido a escasas dos o tres horas diarias. ¿El motivo técnico? Cuando la empresa corta el suministro en las tardes, las tuberías vacías se llenan de aire a presión; cuando reabren la válvula, el aire comprimido empuja las turbinas del reloj a toda velocidad antes de que caiga la primera gota de líquido, facturando aire como si fuera agua potable de lujo. Dirigentes vecinales ya coordinan un plantón ante Sunass exigiendo la calibración técnica obligatoria y la anulación de cobros fantasmas.
Dicen que se dice que en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH) han encendido la maquinaria coactiva con ferocidad. Con el reloj corriendo hacia el cierre del ejercicio fiscal y la necesidad de inflar las cifras de recaudación del año, los ejecutores coactivos han recibido la orden de intensificar operativos de captura vehicular con grúas y notificar masivos embargos en cuenta bancaria contra pequeñas bodegas, talleres mecánicos, farmacias y comercios independientes con deudas pendientes de arbitrios y predial. Los comerciantes denuncian que la entidad municipal no ofrece facilidades ni fraccionamientos razonables para reactivarse, sino una política puramente recaudadora que embarga el capital de trabajo de los que producen, mientras el comercio informal en las calles adyacentes a Balta y Arica opera sin pagar un solo centavo de tributo.
Dicen que se dice que en la sede central del Gobierno Regional de Lambayeque se vive un clima de desconfianza extrema. En las gerencias de Infraestructura, Logística y Asesoría Jurídica se ha desatado una verdadera desbandada de funcionarios técnicos que han presentado renuncias intempestivas o tramitado repentinas licencias médicas por estrés. El pánico tiene nombre propio: se niegan tajantemente a estampar su firma en expedientes de liquidación final de obras cuestionadas por Contraloría y en adendas millonarias de consorcios con retrasos evidentes. Con peritos de fiscalías y auditorías posteriores pisándoles los talones, nadie quiere ser el pato de la fiesta que termine con investigaciones penales y cuentas congeladas cuando culmine el periodo regional. El sálvese quien pueda es la consigna en los despachos del GORE.
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